Nelson Duarte, que desde hace tres años no ingresa a la unidad militar en la que teóricamente reviste, fue informado recientemente de su ascenso a capitán retroactivo a 2017, aunque el Comando espera que pase a retiro. Si bien no se dice oficialmente, sería por las denuncias de aparentes delitos que habrían cometido altos oficiales militares.
El extraño caso comenzó en 2013 cuando el oficial denunció varias situaciones irregulares, como que altos mandos del Ejército usaron vehículos y locales militares para traer refrescos, cerveza y whisky para su uso personal aparentemente de contrabando desde comercios del Chuy; que por más de diez años un alto oficial utilizó soldados para la instalación de piscinas para una empresa privada, cobrando un monto que luego se repartía entre los oficiales; que oficiales del Ejército vendieron como chatarra cubiertas, algunas sin uso; y que otros recibían.
El entonces teniente primero Nelson Duarte denunció esas situaciones ante sus superiores, aunque no se habrían registrado sanciones para los acusados, pese a que hace pocos días el ex ministro Javier García afirmó que “se identificaron los responsables en oportunidad de la investigación que se llevó a cabo en el ámbito del Comando General del Ejército y fueron sancionados”.
Duarte, que por decisión de sus comandantes no se presenta en su unidad y cobra el salario por estar en su casa, solicitó -para tratar su situación irregular- por vía escrita reuniones con sus oficiales de la unidad militar y hasta con el propio ministro de Defensa, hasta ahora “no tuvo respuesta ni acuse de recibo”, según dijo al Portal APU.uy su abogada, Natalia Martínez.
Además, debió cumplir una pena de arresto por presentarse en el programa Desayunos informales donde detalló las irregularidades que constató en situaciones de apariencia delictiva por parte de oficiales militares, explicando que “como funcionario público tengo la obligación legal de presentar denuncia ante las ocurrencias supuestamente irregulares o ilícitos que ocurran dentro del servicio”.
Ascenso y retiro de la fuerza
El expediente de ascenso a capitán “comenzó en 2021, cuando el Comando General del Ejército solicitó el retiro de Duarte por haber configurado tres deficientes en el mismo grado” de teniente. “En 2022 se formó un nuevo expediente solicitado por el mismo Comando por el departamento de personal, pero nunca fue notificado porque no estaba en la unidad, sino en su domicilio. Tomé conocimiento de ese expediente cuando fui al ministerio y al verlo solicité que se unificara con los otros expedientes, porque el principal es de recomposición de carrera. Y en agosto de 2023 el Comando general del ejército se dio cuenta que en 2017 Duarte debió ascender obligatoriamente, por lo que ahora ascendió retroactivamente”. Por lo tanto, “es capitán por resolución firmada por el Presidente de la República quien tiene la competencia para otorgar el ascenso”.
No obstante, el Comando “quiere la desvinculación funcional” del militar.
Según la abogada, “la alternativa es que todas las resoluciones ocurridas en esta última instancia por el ministro saliente, fue básicamente resumir los expedientes y resuelto en febrero, cuando entregó la cartera. Eso me da la oportunidad de presentar los recursos revocatorios jerárquicos, que tienen que pasar a Presidencia de la República y ese es el fin, que se expida en un plazo de 50 días y luego se verá que pasa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como órgano jurisdiccional. No hay otra instancia”.
Consultada si el Poder Judicial, o los representantes de la Fiscalía, intervienen en el caso de las denuncias efectuadas, Martínez dijo que “no, porque con respecto a los actos administrativos en la administración pública, no interviene la acción judicial”.
Sobre porque ningún fiscal tomo las denuncias públicas que realizó Duarte, la abogada sostuvo que “en la práctica debe ser que ante una investigación administrativa donde surgen presuntos ilícitos administrativos o actos de corrupción, es que desde el ministerio de Defensa debieron hacer ellos una solicitud directamente ante el ministerio público y pedir su intervención, y de oficio nadie intervino, independientemente de que esté hecha una denuncia contra un órgano de calificación ante la Fiscalía desde setiembre del año pasado. En otros casos de notoriedad pública se expiden con mayor celeridad. En este caso no se cuál es el motivo por el cual todavía no hubo una intervención”. El caso fue adjudicado recientemente a la Fiscalía de Flagrancia de Sexto turno.
Agregó sobre la situación que “creo que el juicio de valor que se realiza está laudado por los mismos expedientes a los cuales se puede acceder por la ley de acceso a la información pública, en un caso de cuestionamiento de una corrupción que se percibre en la sociedad”.
La respuesta de los altos mandos
Según publicó El Observador, “cuando Duarte presentó su primera denuncia (soldados enviados a instalar piscinas de la empresa Akesse, contrabando, trabajos dentro de un cuartel para la carpintería de un coronel), el jefe de su unidad, el coronel Grande le impuso un castigo de diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”. Esa sanción fue elevada a 20 días de arresto a rigor por el general D’Oliveira por “tomarse atribuciones indebidas”.
El asunto fue todavía más allá todavía. Cuando una investigación del Ministerio de Defensa demostró que las denuncias eran ciertas y graves, el hoy fallecido ministro Menéndez mandó anular las penas impuestas por Grande y D’Oliveira. Pero, tal como admitió García en la comisión, el Ejército incumplió la orden y no las anuló”.
Algunas de las denuncias presentadas por Duarte fueron investigadas por la propia institución militar, y los responsables de este trabajo arribaron a la misma conclusión que el ahora capitán del Ejército.
